Bruselas plantea reducir trabas fiscales para impulsar la competitividad

La Comisión Europea ha presentado una de las propuestas más ambiciosas de los últimos tiempos en materia de fiscalidad directa y cooperación administrativa. Con el foco puesto en la simplificación normativa y en la reducción de cargas burocráticas para las corporaciones que operan en la Unión Europea, el nuevo paquete regulatorio promete dinamizar el mercado interior. Según el propio planteamiento de la Comisión, la iniciativa busca "eliminar algunas de las fricciones fiscales que siguen dificultando la actividad transfronteriza dentro de la Unión Europea", permitiendo un ahorro estimado en unos 8.000 millones de euros anuales para el tejido corporativo comunitario. El paquete se estructura en dos pilares fundamentales. Por un lado, el bautizado como Tax Omnibus, que simplifica directivas clave como la de Matrices y Filiales, Fusiones, Intereses y Cánones, y la Directiva contra la Elusión Fiscal (ATAD). Por otra parte, Bruselas propone una refundición de las normas de cooperación administrativa mediante el denominado DAC Recast, concebido para unificar en un solo texto las sucesivas reformas aprobadas desde el año 2011 y recortar trámites y declaraciones repetitivas. Esta profunda reconfiguración del mapa tributario comunitario promete un impacto de calado en el ecosistema empresarial español. Julia Villalón, local partner en White and Case, analiza la relevancia de estos cambios para las estructuras de inversión del país. "La obligatoriedad de la excepción de grupo en la limitación de intereses de ATAD o la ampliación del umbral de minimis supondrán una modificación importante de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en España. Esto abrirá vías de optimización financiera para nuestros grupos que hasta ahora estaban vedadas, mientras que la simplificación de DAC6 reducirá los costes de cumplimiento de las corporaciones y de sus asesores", subraya la especialista. Asimismo, la paulatina eliminación de las retenciones en origen dentro de la UE reforzará la eficiencia transfronteriza y potenciará la competitividad de instrumentos como las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). No obstante, el trayecto de esta reforma no estará exento de curvas. Al tratarse de fiscalidad directa, cualquier aprobación del paquete requiere de la unanimidad de todos los Estados miembros en el Consejo de la Unión Europea. Esto otorga a cada capital un derecho de veto que históricamente ha ralentizado o condicionado los proyectos de armonización tributaria. Además, la supresión de las retenciones en origen para pagos de dividendos o intereses intracomunitarios -la medida estrella y más esperada para las multinacionales- no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2037, otorgando una dilatada tregua de adaptación a los países con mayor dependencia recaudatoria de este mecanismo. En un momento de fuerte debate sobre la competitividad de Europa, la propuesta busca rediseñar las reglas de juego. La meta última es clara: la Unión Europea quiere lograr que el marco fiscal deje de actuar como una barrera burocrática y pase a ser un elemento tractor de la inversión privada en un mercado integrado. El desenlace final de la propuesta dependerá ahora del avance de las complejas negociaciones políticas durante los próximos meses en el Consejo.