Una historia de tensión en Babia: la 'guerra' de los cien años por pastos entre Asturias y León, lejos de una solución

Todo comenzó un 27 de agosto de 1926. En esa fecha, el alcalde del concejo asturiano de Mieres, José Sela y Sela, y Luis de Azcárate, por la Fundación Sierra Pambley, firmaron un acuerdo ante notario. El segundo se desprendía de golpe de 900 hectáreas de su propiedad, varios parajes situados en la comarca leonesa de Babia, los cuales acaba de heredar la Fundación de manos del filántropo Francisco Fernández Blanco Sierra Pambley, alma de la Institución Libre de Enseñanza. Y el primero sacrificaba con una auténtica millonada de la época, 415.600 pesetas, el presupuesto municipal. Pero la inversión era a cambio de algo muy grande: el concejo asturiano estaba comprando un buen 'cacho' de León, de su montaña. Literalmente. Aquel regidor es considerado todavía hoy un 'héroe' local porque entonces, exactamente igual que ahora, Mieres, a pesar del verde aspecto de sus prados infinitos, carecía de pastos de verano para su ganado. Las vacas no tenían qué llevarse a la boca y rumiar. Y es que sus terrenos los dedicó en exclusiva a derechos mineros: el carbón, motor de su mayor riqueza histórica, prevalecía sobre todo lo demás. La subasta convocada para adquirir lo que se conoció desde entonces como puerto de Pinos resultó providencial. Fue esta la escena y este el motivo por el que hace un siglo exacto Mieres adquirió aquella gran propiedad, nacida de la unión de parajes como Río Tuerto, La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla, Los Navares y Vega de Gorgaveros. 900 hectáreas, casi 13 kilómetros cuadrados y unos de los mejores pastos de montaña de España, extraordinariamente nutritivos. Ya entonces el contrato ponía límites a su consumo y explotación: daba para unas 630 vacadas o 5.050 ovejas. La letra pequeña que lo cambió todo La carísima operación económica -la subasta había arrancado en 315.625 pesetas- resolvía sobre el papel para siempre un eterno problema de los ganaderos de la cuenca asturiana del Caudal. Pero ese papel, y el acuerdo firmado, contenía una letra pequeña que lo complicaría todo y convertiría la aparente solución definitiva en un conflicto que ha cumplido este verano todo un siglo de tensión. Una 'guerra' ganadera y también territorial que se ha enquistado y aventura una complejísima solución. Esa letra pequeña provenía del benefactor, que al morir impulso en su herencia que si alguna vez Pinos se vendía no le causara perjuicios a los pequeños pueblos leoneses, babianos, del municipio de San Emiliano. Se trata de las localidades de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán. Se trataba de proteger unos derechos que provenían de siglos atrás, quizá de la Edad Media, de cuando la poderosa Colegiata de San Isidoro en León capital era dueña y señora de esa parte de la montaña, antes de que la expropiara la desamortización de Mendizábal. Así que, respetando sus deseos, esos derechos permanecieron intactos en la compra-venta. El contrato de 1926 lo recogió de manera pormenorizada: los ganaderos de Candemuela y Villargursán pueden llevar ganado vacuno y caballar al Puerto o Vega de Río Tuerto, con una excepción para Villargursán, cuyos vecinos también pueden introducir ganado cabrío. Pinos tiene derecho a pastar con sus vacas y caballos en La Cantarilla, Cueva de los Puercos, La Cubilla y los Navares, mientras que Pinos y San Emiliano comparten el aprovechamiento de la Vega de Gorgaveros. Pero ante tanto detalle, una falta de él causa el siguiente problema: la escritura de compraventa de 1926 no fija un número máximo concreto de cabezas de ganado para estos pueblos. Sólo establece una condición fundamental: los vecinos únicamente pueden llevar su "ganado propio". Es decir, no se fija un cupo numérico pero impide la trampa de que los ganaderos leoneses introduzcan ganado ajeno, o incluso hagan negocio con ello. Y todo eso, ojo, en una propiedad que no es suya, un terreno que nadie duda de que es de Mieres. Si todo está tan claro, incluso por contrato; si está perfectamente acotado quién y cuándo puede llevar su ganado a los pastos frescos; si la propiedad no admite duda, entonces ¿por qué el conflicto, por qué un siglo de tensión? Pues se trata de una acusación mutua que cruza la Cordillera que separa León de Asturias. El primero que llegue Mieres tiene acotado en el tiempo el período en que sus ganaderos pueden subir las cabezas a los pastos, cada primero de junio. Y acusan a sus colegas babianos, los de los pueblos con derechos históricos, de que ellos lo hacen mucho antes y literalmente se comen lo mejor de los verdes prados. Estos aducen que no les afecta restricción temporal alguna. Y claro, al final más de un año y de dos saltan las chispas. A esto se ha sumado el uso, disfrute y, según las pedanías leonesas, "abuso" del concejo mierense en su propia casa. El Concejo o sus profesionales del campo ha usado el puerto de Pinos, en algunos casos, como si se tratara de una calle la localidad. Incluso con menos legalidad. Porque en la zona abundan diferentes construcciones de piedra, hay caminos acotados, un pequeño embalse, muros y vallados, un edificio recreativo y común llamado -para remarcar quién es el dueño- Casa Mieres y hasta una pequeña ermita en honor a la Virgen de las Nieves, donde cada año los asturianos se reúnen en torno a una fiesta tradicional. El problema es que el Ayuntamiento de San Emiliano no ha otorgado, que se sepa, jamás la más mínima licencia para nada de lo que allí hay construido. Lo ha levantado la impunidad, la costumbre, el tiempo y la dejadez. Durante el franquismo, bastante tenía la zona para reponerse de haber sido arrasada por ser primera línea de Guerra Civil en el llamado Frente Norte. Con la dictadura casi nadie levantaba la voz. Si hubo encontronazos, nunca trascendieron, se dirimieron con total discreción pública. Pero ya en Democracia todo comenzó a cambiar. Lo primero tiene un efecto psicológico y práctico directo: Mieres tiene acceso de tráfico cómodo por carretera asfaltada. Sin embargo, los pueblos leoneses disponen de un auténtico camino de cabras que se lleva más de 40 años exigiendo convertir en carretera a la Junta de Castilla y León, y sólo ahora parece haber voluntad y compromiso de presupuesto. Un reglamento municipal... fuera del municipio Además, el Ayuntamiento de Mieres, siendo alcalde el socialista Vital Álvarez-Buylla, aprobó en mayo de 1980 un Reglamento para el Gobierno, Uso y Disfrute del Puerto de Pinos "que el Iltmo, Ayuntamiento de San Emiliano posee en término de San Emiliano, provincia de León", remarca textualmente. Es este: El documento ordenaba decisiones muy precisas, como poner un guarda con sueldo, organizar el uso ganadero, pero también de montañeros y turistas, sacar a concurso el bar-cantina "y otros negocios", incluso con literas para uso hostelero, censar, marcar y organizar el pasto de todo el ganado mierense e incluso la actitud de los vaqueros, fijar la gestión de emergencias e incluso de la fiesta anual. Gran parte de estas competencias, aducen ahora las pedanías leonesas -organizadas por primera vez judicialmente y con un apoyo del Ayuntamiento de San Emiliano que jamás tuvieron- son totalmente irregulares e invaden competencias que no corresponden a un municipio no sólo de otra provincia sino de otra comunidad autónoma. El año en que (casi) todo cambió Y con los nuevos argumentos, esas tensiones, como era de esperar, se dispararon. Un hito fue el año 2006, cuando Mieres envió incluso a agentes de su Policía Local a regular el tráfico y garantizar la seguridad el día de la fiesta. Y saltaron las alarmas porque excedían su jurisdicción. A partir de ahí los pueblos babianos fueron tomando mayor conciencia de que en tantas cosas el concejo asturiano carecía de competencias básicas, por más que fueran los propietarios. Y la 'guerra' se convirtió en una batalla judicial nunca vivida, denuncia tras denuncia. Ante los tribunales, casi siempre ha ganado la vertiente leonesa, tras muchos años de sentencias y recursos. Sería imposible resumirlas todas y de todas Mieres siempre se defiende, alguna vez con éxito solo puntual. Al final, los más altos tribunales, tanto de Castilla y León como de Asturias, han decantado mayoritariamente la balanza hacia San Emiliano. Por el lado exclusivamente ganadero, también han cambiado mucho las cosas. Primero porque el número de cabezas que de un lado y de otro ansían el pasto de Pinos es casi insostenible. La ganadería extensiva se ha multiplicado en los pueblos de Babia, se ha convertido en un gran negocio, y ellos saben que tienen derecho de pasto sin restricciones de tiempo. A pesar de que el contrato de compra-venta hablaba hace un siglo de una capacidad para 630 vacadas en la zona. Las cabezas de Mieres suman en torno a 1.500 también. El encontronazo cuando cada 1 de junio suben las reses asturianas es de órdago. La Guardia Civil siempre tiene que hacer acto de presencia para que la sangre no llegue al río. Además, el pasado 2025, 99 años después de que Pinos fuera propiedad de Mieres, fue el primero que el Gobierno de Castilla y León hizo valer su autoridad de sanidad animal y decidió no entregar las guías sanitarias a las reses mierenses. Como resultado, sobre el papel ninguna podía pacer allí. El año pasado la restricción ya estuvo en vigor. Aún así aparecieron numerosas vacas y algunos dueños, identificados por los agentes, resultaron multados por la Junta de Castilla y León, aunque tras los consiguientes recursos no consta aún una sola sanción por ello. Dos alcaldes para un "problema sobrevenido" Así las cosas, cualquier posible solución a un problema que es a la vez territorial, patrimonial, ganadero y por supuesto social no parece muy factible dentro de este segundo siglo de conflicto. No lo ve muy claro el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (Izquierda Unida), que sin embargo ha prefierido no hacer declaraciones a ILEON. Tampoco el de San Emiliano, David Marcello (PSOE), que sólo concede que les une una cosa: que ambos han de gestionar un "problema sobrevenido" y enquistado, con muchísimas aristas, y en el que cada cual, como gestores, "haríamos lo mismo que el otro si estuviéramos en su situación, creo que nos entendemos". Al menos en eso. Sobre el papel parece haber dos caminos. El primero es que todo siga igual, marcándose y sobre todo cumpliéndose una serie de pactos. Es decir, Mieres dueña de Pinos en un territorio ajeno pero dejando pastar a su antojo a los pueblos babianos como el contrato marca. El problema es que lo último no lo admitirían los ganaderos de Mieres, sería una propiedad sobre la que no tendrían prioridad alguna. Y San Emiliano tampoco está satisfecha con que un pedazo de su municipio sea de otro ayuntamiento, donde, recuerda el regidor, "todo lo que se ha hecho es ilegal, pasos, asfaltados, edificios... todo". La otra opción se resume con una palabra muy gruesa: expropiación. El concejo asturiano no la admite: las 900 hectáreas son suyas de pleno derecho, defienden. En cambio, el lado leonés apuesta claramente por ello. Pero no ve intención alguna del único que puede hacer algo: "Sin la Junta de Castilla y León aquí no se resuelve nada", zanja Marcello. Y pese a constantes buenas palabras, van décadas una práctica inacción. El alcalde leonés cree que se podría hablar de fijar un justiprecio, "incluso por encima si es necesario", porque no ve otro posible escenario que ponga fin a una anomalía de un siglo.