El Gobierno evita tocar la Ley del Suelo en el nuevo paquete de vivienda a pesar de que Bruselas lo considera imprescindible

En el Semestre Europeo, España tiene un suspenso en vivienda. La Comisión Europea lanzó una advertencia sobre la presión que hay sobre el mercado debido "al persistente desajuste entre la oferta y la demanda", por lo que considera imprescindible una reforma a la Ley del Suelo para resolver el problema habitacional. Mientras tanto, el Gobierno ultima su nuevo paquete de vivienda que recupera medidas sin éxito parlamentario como la prórroga de alquileres, pero evita tocar las líneas de esta ley que permanece estancada en el Congreso. El Ejecutivo europeo alerta en el paquete de primavera 2026 que "la falta de avances en la adopción de este texto legal restringe la oferta y pone en riesgo la consecución de objetivos más amplios de la política de vivienda". Recuerda que el objetivo de la propuesta fue "acelerar la producción de suelo urbanizable y fomentar el desarrollo de nuevas viviendas mediante la reducción de los tiempos de tramitación, los litigios relacionados con el urbanismo y los cuellos de botella administrativos innecesarios, pero sigue en suspenso". Y, aunque el nuevo paquete del Gobierno presume de incluir medidas de agilidad administrativa en su nueva propuesta (sin mucho detalle), en las líneas que se presentaron tras la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de junio, el foco se había puesto en medidas para bajar el precio con bonificaciones en el IRPF, dar estabilidad a los contratos o el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos. Algo lejos de las demandas que el sector ha venido haciendo por años a lo referente a la Ley del Suelo y que, de hecho, coinciden con la Comisión Europea. La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) pone entre las prioridades a considerar en el nuevo paquete la aprobación de una reforma de la Ley del suelo para garantizar seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico y evitar que" defectos formales o procedimentales" se traduzcan en la anulación completa de los proyectos tras años de tramitación. "Si queremos más vivienda, no podemos mantener un sistema que bloquea suelo durante años y que puede hacer caer planeamiento completo por defectos que podrían corregirse. La seguridad jurídica urbanística es una condición imprescindible para generar vivienda asequible", afirma Xavier Vilajoana, presidente de APCEspaña. Tan importante era la Ley del Suelo que el Gobierno español se había comprometido con Bruselas a reformarla para recibir los fondos del Plan de Recuperación (que terminan este agosto). De hecho, el Ministerio de Carlos Cuerpo anunció el pasado jueves que ya se ha aprobado el sexto desembolso de más de 7.000 millones de euros (de transferencias y préstamos) al haber cumplido 73 hitos. Lo que cambio desde el compromiso hasta ahora es precisamente la ausencia de esta ley, que fue reemplazada por la creación de la Entidad Estatal de Vivienda (Casa 47) como "garante del derecho de acceso a la vivienda asequible y permanente", indicó el Ministerio. La Comisión Europea ya había presentado una recomendación específica para España en las recomendaciones de 2025, que incluía "aumentar la oferta de vivienda mediante la finalización de la reforma de la Ley del Suelo, la reducción de los plazos de tramitación de permisos, la eliminación de obstáculos administrativos y la solución de la escasez de mano de obra en el sector de la construcción". Desde entonces, destaca que el Gobierno ha adoptado "políticas ambiciosas para ampliar el parque público de viviendas", como Casa 47, pero aún hay dificultades para alcanzar las necesidades habitacionales. En cuanto al futuro de la Ley del Suelo, la nueva esperanza está en la propuesta que lleva el mismo nombre pero es una iniciativa del PP. Al tener una mayoría en la Cámara Alta, salió adelante en el Senado, pero está en trámite en el Congreso desde abril. Además de medidas para reducir la burocracia en el desarrollo urbanístico, incluye otras como derogar los topes del alquiler de la Ley de Vivienda y agilizar los desahucios por ocupación ilegal. Sin embargo, se enfrenta a los mismos debates parlamentarios que la primera propuesta (y varias en materia de vivienda) se enfrentó y la bloqueó en 2024. Precisamente la falta de coordinación entre los distintos niveles es uno de los desafíos para resolver la crisis. La Comisión Europea apunta que la aplicación de la Ley de Vivienda de 2023, adoptada en el marco del Plan de Recuperación, no es aplicadada en todas las comunidades, por lo que "genera potencialmente distorsiones en el mercado de la vivienda y socava su eficacia". Incluso la eficacia del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dependerá de que las comunidades cumplan con la cofinanciación y "de una sólida coordinación interadministrativa", señala. Productividad estancada El Ejecutivo europeo también recordó que, aunque la oferta de vivienda ha repuntado (los visados de obra nueva en 2024 alcanzaron su cifra más alta desde 2008), la productividad estancada y la persistente escasez de mano de obra cualificada son dificultades que lastra la respuesta de la oferta. Por ejemplo, el sector de la construcción ha alcanzado los 1,66 millones de trabajadores en 2025, pero la productividad se mantiene en los niveles más bajos de la economía española. El informe de primavera indica que "las tensiones en el mercado laboral son especialmente agudas entre las pequeñas empresas, con un 82,1% de las vacantes concentradas en empresas de 1 a 25 empleados, y más de la mitad (56,7%) en microempresas con menos de cinco trabajadores". Además, las previsiones de cualificaciones indican que el sector representará alrededor del 5,2% de todas las oportunidades de empleo que se espera que surjan entre 2023 y 2035. Aunque el Ejecutivo comunitario ve positivo el instrumento del PERTE, que incluye acciones de formación y el fomento de una mayor participación de los jóvenes y las mujeres en el sector, "serán necesarios más esfuerzos de perfeccionamiento y modernización para abordar la importante brecha laboral y la baja productividad". En total, se espera que la inversión total del sector alcance los 1.300 millones de euros en 10 años y está previsto que movilice 1,4 euros de inversión privada por cada euro de inversión pública.