Los informes rectificados de los que alertó la juez de Adamuz están entre los financiados por la UE

Los informes sobre las soldaduras de la vía de Adamuz de los que la juez que investiga el accidente mortal alertó, al detectar que habían sido modificados dos semanas después de la tragedia , según adelantó ABC, están financiados y costeados con fondos de la ... Unión Europea, por lo que deberían figurar en la investigación que ha abierto el organismo comunitario para ver si ha habido malversación de dinero europeo.Dichos informes los realizó Ayesa, una de las dos adjudicatarias (junto con Ardanuy) del contrato que la empresa pública ferroviaria Adif sacó a concurso por 2,7 millones de euros para la cobertura de «servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras contenidas en los proyectos de energía de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla», en la que se encuentra el tramo de Adamuz (Córdoba) donde ocurrió la tragedia con 46 muertos. La juez de Montoro que abrió la primera investigación tras el accidente practica diligencias para aclarar las «incongruencias» que identificó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), mientras que la Fiscalía Europea (también como si fuera un juez instructor independiente, con la garantía de la Audiencia Nacional) analiza si se produjo algún tipo de malversación de fondos públicos en este contrato que ascendió a 2,2 millones de euros sin IVA, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, así como a otros por un valor total de 111 millones, que fue lo que costaron las obras del tramo.Noticia relacionada general No No La Fiscalía Europea abre una investigación por malversación por las obras de Adamuz Borja MéndezLas diligencias de la Fiscalía Europea se iniciaron poco después del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero. El 30 de enero, a través de un oficio, el organismo comunitario reclamó al Ministerio de Transportes la documentación relativa a las obras del tramo. Pidió «todos los contratos suscritos y los correspondientes números de expedientes» de la infraestructura ferroviaria. El objetivo inicial era confirmar que se habían destinado fondos comunitarios. Una vez asegurado este extremo, las diligencias se ampliaron.En el montante total de contratos que se investigan hay uno que está especialmente en el foco de la investigación de la juez de Montoro. Se trata de las inspecciones de las soldaduras que se instalaron en el tramo de Adamuz. La CIAF detectó «incongruencias» en estos documentos y así lo trasladó a la Guardia Civil.«Dado que la citada CIAF son técnicos expertos, se solicitó la ampliación de la información, concretando las incongruencias denunciadas, estando actualmente pendientes de la respuesta», según detalló el informe de la Benemérita. Los técnicos remitieron a la comisión investigadora una lista con una serie de revisiones que se habían incluido en los informes después de que se produjera el accidente. Unos movimientos sospechosos sobre los que ya se están practicando diferentes diligencias en la causa penal iniciada por la titular del juzgado de Montoro. No solo había dudas en los datos sino también en las firmas de estos documentos, tal como destacó este periódico, pues se detectó que pudieron ser manipuladas, así como datos técnicos del carril roto figuraban en celdas incorrectas del informe. Este fue realizado por la empresa Ayesa con los expedientes que les habían ido remitiendo las otras sociedades que participaron en este procedimiento.Noticia relacionada general No No La Fiscalía traslada a la juez un anónimo con una teoría de la conspiración del accidente de Adamuz Borja MéndezAhora, los responsables de realizarlo tendrán que detallar qué revisiones se produjeron en los expedientes que trasladaron a la juez y sobre todo por qué se modificaron. Contrato de emergenciaSegún la información del contrato de asistencia técnica para el control de las obras del tramo, consultado por este diario, las adjudicatarias, al 50%, fueron Ardanuy Ingeniería SA y Ayesa, Ingeniería y Arquitectura SAU, por un valor de 2,2 millones de euros, 2,7 millones de euros con IVA. La empresa pública ferroviaria Adif, que requería los suministros y servicios, emitió el anuncio en diciembre de 2021 y lo adjudicó un año después, en enero de 2022, con el marco legal de los contratos de emergencia de la pandemia dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.Fue el director general de Adif, Juan Pablo Villanueva, quien lo firmó. En julio del año pasado, el alto cargo, mano derecha de la expresidenta de la empresa pública Isabel Pardo de Vera, investigada por presunta corrupción en el caso Koldo, fue cesado.Entre 2018 y 2021, el periodo de Pardo de Vera al frente de Adif, Villanueva fue el director general de Construcción. Posteriormente, como responsable de Negocio y Clientes, cargo bajo el que firmó los contratos en el foco de la Fiscalía Europea, era el responsable de la gestión comercial y el mantenimiento de las estaciones. Era uno de los seis directores generales de la compañía, puesto en el que fue revalidado en marzo de 2025 a pesar de que hubo una reestructuración interna. Sin embargo, tres meses después y en pleno estallido de la investigación del caso Koldo, fue cesado.