El Gobierno atribuye las críticas del PP a la regularización de inmigrantes a sus "pactos con la ultraderecha": "Es el partido más desubicado de la historia"

El Gobierno ha atribuido las críticas del PP a la regularización masiva de inmigrantes a sus "pactos con la ultraderecha" en comunidades autónomas. "Tenía que elegir si estar al lado de la Iglesia Católica y de los sectores productivos que día sí y día también pedían una medida como ésta o estar al lado de Vox", ha argumentado la portavoz, Elma Saiz, que ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de haber optado por la segunda opción. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostienen que, con su "cambio" de opinión tras haber votado a favor hace dos años en el Congreso de tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) en este sentido, el partido que lidera la oposición está demostrando ser el "más desubicado de la historia". Y censuran que trataran de que la medida se frenara en los organismos comunitarios: "Fueron a Europa a intentar sacarnos los colores y los que volvieron colorados fueron ellos". "La evidencia demuestra que en procedimientos anteriores se han logrado beneficios de empleo, responsabilidad fiscal, convivencia y sostenibilidad social", ha argumentado Saiz, que también es ministra de Inclusión y Migraciones, en referencia a las seis regularizaciones realizadas desde 1986 que, ha remarcado, a los que se acogieron 1,3 millones de ciudadanos. "Cuando la realidad social va por delante de la democracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarlo, no es el que mira hacia otro lado", ha añadido. Tras la aprobación este martes del Decreto Ley que regula la concesión de la residencia y su publicación el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el plazo para las solicitudes se abrirá este jueves y se prolongará hasta el 30 de junio. Podrán pedirla alrededor de 500.000 personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de este año, que hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida y que acrediten haber trabajado con contrato legal, contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, con discapacidad o ascendientes de primer grado o estar en situación de vulnerabilidad. Además, el Gobierno ha aprobado la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que estará operativa desde este miércoles. A través de ella se tramitará las solicitudes para poder acogerse al sistema de reparación acordado entre el Ejecutivo, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo.