Los presuntos sobornos en el Gobierno de Chivite frustran su «impulso» para terminar la legislatura

Un ambiente enrarecido ocupaba a principios de año el Palacio de Navarra, sede del Gobierno liderado por María Chivite. En el aire, de nuevo, los túneles de Belate. La mayor obra a la que accedió la mercantil Servinabar (propiedad de Antxon Alonso Egurrola y ... en el centro de la trama Cerdán), que contó, según un informe de la Intervención General del Departamento de Hacienda, con 6,2 millones de sobrecostes sin justificación . Tres días después de conocerse este hecho y entre presiones de sus socios, el 2 de diciembre, la jefa del Partido Socialista de Navarra (PSN) cesaba a Pedro López Vera, director general de Obras Públicas en el Departamento de Cohesión Territorial, que dirige el tío segundo de la presidenta, Óscar Chivite, y que adjudicó la obra a la UTE con la que concurrió Servinabar.Con ese clima de fondo pasaban las uvas, llegaban los Reyes Magos y Chivite vendía el 8 de enero los despidos del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Félix Taberna, y la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, como un «impulso político» para «imprimir ritmo» a su gestión . Tal y como ya informó este periódico, al menos el primero salió incómodo con la situación que atraviesa el Ejecutivo. Más allá de las conexiones de la trama Cerdán, todavía por juzgar en el Tribunal Supremo después de que haya quedado vista para sentencia la pieza relativa a las mascarillas, sobrevolaba otra causa que ya amenaza en los tribunales navarros a la estrategia de Chivite de cara a las autonómicas de mayo de 2027. Se trata del caso Sendaviva que apunta a importantes cargos del PSN y el Gobierno foral por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. «Puede pasar de todo», trasladan fuentes del equipo de Emilio Jiménez Román, diputado de Vox en Navarra, principal impulsor de las investigaciones, y que esta semana ha celebrado la admisión a trámite de una querella que interpuso el pasado mes de junio. Esta señala a Carlos Vidaurre, dueño de la mercantil Adentro SL, Rubén González, gerente del Parque de la Naturaleza Sendaviva de Arguedas (Parquenasa), Ramón Alzórriz Goñi, ex portavoz y número dos de Chivite en el PSN, y José Luis Arasti, actual consejero de Economía y Hacienda de Navarra y consejero delegado de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN)El fondo de la cuestión son cuatro contratos adjudicados a Adentro SL, por un valor cercano a los 800.000 euros, para la reconstrucción del parque de Sendaviva, incendiado en 2022. La mercantil también fue la responsable de llevar a cabo una reforma en una casa propiedad de Alzórriz y la sede del PSN. Así, se les acusa de los delitos de cohecho (soborno en lenguaje coloquial) y tráfico de influencias al entender que los cuatro contratos habrían sido una compensación por estas obras . Todos están bajo la lupa de la investigación por un presunto fraccionamiento irregular al que ha apuntado en diversos informes tanto la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) como la Intervención General de Navarra. El presunto troceo de contratosParquenasa fue la sociedad mixta (ahora el Gobierno navarro pretende adquirir todas sus acciones, tiene el 45% y el resto lo comparten tres socios privados) encargada de adjudicar los contratos a Adentro SL . Con cargo a dos subvenciones de 5.840.887 y 3.208.647 euros otorgadas por el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo —donde se adscribe Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio (Nicdo), sociedad pública integrada en el CPEN (presidido por Chivite), que actúa como administrador único de Parquenasa— licitó los cuatro contratos por valores que siempre quedaban poco por debajo de los 200.000 euros (199.999, 199.999, 199.848,74 y 198.886,72 euros sin IVA). El límite que establece la Ley Foral de Contratos Públicos para que el procedimiento sea de tipo simplificado y no abierto.Es ahí donde la OANA apreció indicios de fraccionamiento irregular. En una resolución del 15 de enero, la Oficina Anticorrupción resolvía abrir una investigación tras la denuncia presentada por UPN en octubre del año pasado. En ella afirmaba que los contratos, «que se tramitaron simultánea o consecutivamente, tenían por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, formarían una unidad operativa o funcional, lo cual es un indicio de que se pudo fraccionar el contrato indebidamente». Además, añadía que en los certificados de final de obra figuraban «trabajos fuera de presupuesto» de entre 16.000 y 19.000 euros para cada contrato. «Con estos trabajos fuera de presupuesto el importe superaría los 200.000 euros, por lo que de haberse incluido en el proyecto original no habría podido licitarse por el procedimiento simplificado, y habría que haber acudido al procedimiento abierto», recogía la resolución.Esta semana la magistrada titular del juzgado de Instrucción nº5 de Pamplona ha ordenado diligencias sobre la cuestión. Sin embargo, el camino que siga la instrucción está por ver. Mientras que el auto informa a Vidaurre y González de la admisión de la querella, el caso de Ramón Alzórriz y José Luis Arasti es distinto. El primero, que dimitió en junio como portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra tras conocerse que su pareja trabajaba en Servinabar, está aforado y, antes de tomarle declaración, la jueza ha enviado su caso al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). En cuanto a las circunstancias de Arasti, la querella contra él no está   formalmente aceptada , al haber un defecto de forma que Vox espera subsanar la semana próxima. Entonces, su situación migraría al Tribunal Supremo, al ser miembro de un Gobierno autonómico, decidiendo el Alto Tribunal (al igual que el TSJN con Alzórriz) si lo remite al Juzgado de Instrucción.