De la prohibición de desahucios hasta 2030 a la prórroga de dos años de los contratos en vigor

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos ley en materia de vivienda tras una intensa negociación in extremis entre el PSOE y Sumar que obligó a retrasar una hora el inicio de la reunión. El Ejecutivo ha solicitado al Congreso un pleno extraordinario para convalidar de urgencia ambas normas este mismo viernes. Estas medidas, detalladas posteriormente por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, buscan frenar la presión social desatada tras el desahucio de la anciana Maricarmen y las acampadas impulsadas por el Sindicato de Inquilinas. El paquete normativo se divide en dos textos: el primero aglutina el grueso de las restricciones y ayudas económicas, mientras que el segundo está centrado en la renovación automática de los contratos. Este primer decreto incluye diez de las medidas más relevantes del plan gubernamental, empezando por una prórroga extraordinaria y obligatoria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, la cual debe ser solicitada expresamente por los inquilinos. Asimismo, se fija un tope del 2% de subida en la actualización anual de las rentas y se introduce una estricta regulación para los alquileres de temporada y de habitaciones. En el caso de los temporales, se establece una duración máxima de 12 meses, se extienden las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos prohibiendo cobrar honorarios y se obliga a justificar la temporalidad, de modo que si no se acredita, el contrato pasa a considerarse de vivienda habitual. Los alquileres de habitaciones ven su precio regulado para que la suma de las rentas no supere el tope de todo el piso, aunque esta última medida no se aplicará en comunidades con legislación propia como Cataluña, y se equiparan a las garantías de la vivienda habitual, mientras que los pisos turísticos pasarán a tributar con un 10% de IVA. El paquete también refuerza la protección social y económica al ampliar la cobertura frente a desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030 y prohibir durante dos años la compra especulativa de viviendas por parte de fondos de inversión. En el ámbito fiscal y de ayudas, se contemplan reducciones para los caseros que rebajen la renta, bonificaciones para inquilinos con ingresos inferiores a los 33.000 euros, préstamos del ICO al 0% para cubrir hasta el 20% de la entrada en la compra de la primera vivienda, con un límite de 50.000 euros, para jóvenes sin ahorros, un incremento de la fiscalidad de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario del 15% al 25% sobre los beneficios no distribuidos, y la facultad para que los ayuntamientos cobren el doble del IBI a aquellas viviendas que lleven cerradas más de tres años. Por su parte, el segundo decreto incorpora la polémica medida de la renovación automática de los contratos, donde el arrendador deberá justificar la no renovación o indemnizar al inquilino. Reacciones del PP El Partido Popular ha arremetido duramente contra el Ejecutivo tras la aprobación de los dos decretos de vivienda, tachando la negociación de "auténtico vodevil" y reprochando al Gobierno que intente solucionar un problema crónico "en 24 horas" después de ocho años de inacción. La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido de que estas medidas improvisadas no harán más que "destruir el mercado", retraer todavía más la oferta y dejar fuera del acceso a la vivienda a colectivos vulnerables como familias con niños o personas mayores. Asimismo, el PP ha criticado la urgencia de convocar un pleno extraordinario este mismo viernes para su convalidación, ironizando con que las prisas se deben al temor del propio Ejecutivo a que sus normas "generen de inmediato más caos". Desde la formación han evitado desvelar el sentido de su voto, aunque han señalado que es improbable que respalden unas normas que no se les han comunicado ni negociado previamente. Frente a este paquete, los populares reivindican su propia alternativa presentada el pasado 10 de septiembre, respaldada según ellos por una amplia mayoría en la Cámara, que aboga por derogar la ley de Vivienda, aprobar medidas contra la okupación, rebajar el IVA en la compra de pisos y crear avales para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda.