El Supremo rechaza la petición de Santa Bárbara de bloquear 3.000 millones en préstamos a Indra y EM&E

Nuevo varapalo para Santa Bárbara Sistemas en su batalla legal y administrativa contra la adjudicación a Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EMEandE) de 7.240 millones de euros en contratos de artillería. El Tribunal Supremo ha rechazado su petición de medidas cautelares para bloquear 3.000 millones de euros en préstamos gubernamentales al 0% de interés para prefinanciar los contratos de artillería de ruedas y de cadenas adjudicados a dos uniones temporales de empresas (UTE) establecidas por Indra y EMandE. Por un lado, el importe de la adjudicación para el suministro del sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas se eleva a casi 2.686 millones de euros y contó con una prefinanciación a través de créditos estatales al 0% de interés de 1.181 millones de euros. En tanto, la adjudicación para el sistema artillería de cadenas asciende a 4.554 millones de euros y el préstamo público sin intereses fue de 1.821 millones de euros. Santa Bárbara Sistemas presentó a finales del año pasado un recurso contencioso-administrativo contra esa prefinanciación estatal y, según recoge la resolución del Supremo consultada por EXPANSIÓN, solicitaba el cese inmediato de la concesión de los préstamos y de "otros actos de ejecución en el estado en el que se encuentren". La compañía considera que su producto es mucho más adecuado para estos proyectos que el que puedan ofrecer Indra y EMandE, las cuales, a su juicio, "no reúnen la solvencia técnica y la experiencia necesarias para la ejecución de los programas". Asimismo, en su recurso contencioso-administrativo argumentaba que el otorgamiento de esos préstamos "va a causar un perjuicio grave e irreparable a Santa Bárbara y al interés público". "La inmediata ejecución restringirá las posibilidades efectivas de que Santa Bárbara compita, durante la próxima década, en el mercado español de la defensa en los ámbitos foco de su actividad (plataformas blindadas y sistemas de artillería) en los que sus capacidades están más que acreditadas. En la práctica, limitará su ámbito de actividad de forma significativa en el mercado español de la Defensa y afectará a su proyección en el mercado internacional", subraya la filial en España de la estadounidense General Dynamics. La compañía también sostiene que la desestimación de su recurso supone su exclusión de un mercado relevante y la "pérdida de prestigio comercial" para las ventas en el exterior, entre otras cuestiones. En contraposición, defendía también que la suspensión cautelar de los préstamos tan solo supondría un retraso en la percepción del crédito por parte de Indra y EMandE. En este contexto, el abogado del Estado --que es contra quien va dirigido el recurso contencioso-administrativo-- considera que Santa Bárbara no aporta ninguna prueba de los supuestos "perjuicios para el interés público" que menciona y tampoco del riesgo de pérdida de cuota de mercado. Además, la defensa del Estado hace hincapié en que Santa Bárbara Sistemas es una filial de una compañía estadounidense. "Desde la perspectiva de la autonomía estratégica de España no puede considerarse de mayor valor la contribución de la actora, filial de una empresa estadounidense, que la contribución de las UTES beneficiarias de los préstamos, que no tienen dependencia o subordinación exterior". Por su parte, la representación de las uniones temporales de empresas de Indra y EMandE considera que la suspensión cautelar de los 3.000 millones de euros de financiación pública supondría "una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles". Este recurso provocó que también se personasen como potenciales afectados Telefónica y Oesía. La representación de Telefónica se opuso a la aplicación de medidas cautelares solicitadas (se adhirió a los argumentos del abogado del Estado), mientras que Oesía renunció a presentar alegaciones. Con estas alegaciones, el Supremo considera que los perjuicios esgrimidos por Santa Bárbara no están acompañados de pruebas que los avalen. "Por otra parte, la disminución de la cuota de mercado en la próxima década y una genérica afección a los puestos de trabajo futuros o que podría crear si ella fuese la adjudicataria, no pasan de ser hipotéticos y futuros y no se corresponden con un daño real y actual que justifique la suspensión de la inmediata ejecutividad de las previsiones impugnadas mientras se tramita el procedimiento", agrega la resolución. "Debe destacarse que Santa Bárbara, en abril de 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas líderes mundiales en la fabricación y diseño en el sector de la Defensa por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados. Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes --Programa "Actualización Vehículos Pizarro (PIZARRO-ACT)"- por importe de 176.000.000 euros concedido por el Real Decreto 914/2025, de 14 de octubre", añade. En cuanto al argumento de la falta de capacidad técnica por parte de Indra y EMandE para el desarrollo de los programas, el Supremo esgrime que ha sido el Ministerio de Defensa quien ha considerado esos elementos y que esa discusión no atañe a este recurso contencioso-administrativo. El recurso continúa A pesar de que el Supremo haya rechazado aplicar las medidas cautelares, el recurso de Santa Bárbara contra los préstamos sigue su curso, dado que el tribunal no ha entrado en el fondo del asunto y no prejuzga dicho recurso, que deberá ser tramitado independientemente de la no aplicación de medidas cautelares. "Santa Bárbara Sistemas (SBS) no hace valoraciones al respecto de la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar medidas cautelares. La solicitud de SBS de suspender cautelarmente los préstamos tenía por objetivo proteger de futuros daños a todos los participantes en el sector de la industria de Defensa, incluyendo a la propia Administración pública y a los recursos económicos y financieros del Estado. El Tribunal Supremo considera que la eventual estimación del recurso implicaría una obligación de devolver las cantidades obtenidas en préstamo que, si bien sería económicamente importante, podría ejecutarse sin necesidad de medida cautelar", ha resaltado la compañía en un comunicado. Batalla en la Audiencia Nacional Santa Bárbara ha sufrido en menos de una semana dos duros golpes en su batalla contra la adjudicación de estas licitaciones, dado que el jueves pasado el Ministerio de Defensa desestimó el recurso de alzada que presentó contra el otorgamiento de estos programas a Indra y EMandE. "En la resolución se acuerda la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas. En particular, se concluye que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente. Se pone de relieve que, en el ámbito de la contratación vinculada a la Defensa nacional, las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, a la garantía del suministro, a la autonomía estratégica y a la disponibilidad operativa de las capacidades militares, aspectos todos ellos debidamente valorados por la Administración conforme al marco jurídico aplicable en España y la Unión Europea", apuntó la semana pasada la cartera que dirige Margarita Robles en un comunicado. Santa Bárbara ya ha confirmado que, una vez agotada la vía administrativa, su intención es elevar sus reclamaciones a la Audiencia Nacional. "Como ya se informó previamente, la presentación de este recurso de alzada era un paso previo indispensable para agotar la vía administrativa. (...) Santa Bárbara Sistemas reitera su disponibilidad para cooperar con todas las empresas e instituciones del sector de la Defensa de nuestro país en el objetivo común de cumplir los objetivos del Ministerio de Defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios", destacó la filial en un comunicado.