Aena carga contra la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares

Aena choca contra el Gobierno a cuenta de la gestión de los aeropuertos. Y no es por Cataluña ni el País Vasco, sino por Baleares, de cuyo Parlamento ha surgido una proposición de ley que, en última instancia y si completa todo su recorrido, tendría como consecuencia una administración compartida de los cuatro aeropuertos de interés general del archipiélago. En concreto, el Gobierno ha retirado hoy el veto planteado inicialmente sobre el citado texto, lo que implica que el Congreso tramitará la proposición de ley aprobada en el Parlament balear el pasado 28 de abril (con el apoyo del PP y Més Mallorca, el rechazo de Voz y la abstención del PSOE) sobre la "cogestión" de los aeropuertos de Palma, Son Bonet (Mallorca), Ibiza y Menorca. Dicho documento plantea la constitución de un comité de coordinación aeroportuaria con participación de las instituciones de la comunidad con capacidad de decisión sobre las políticas de las cuatro instalaciones. Esto implicaría la opción de tomar medidas para limitar el número de vuelos o turistas y poner coto a la presión turística, por ejemplo. Aena tiene previstas inversiones multimillonarias en Baleares en el próximo periodo regulatorio (2027-2031) para mejorar y modernizar las infraestructuras, entre las que destacan los 559 millones en Palma para remodelar el edificio procesador y la adecuación de los controles de seguridad de Menorca e Ibiza. En esta última isla existe una gran oposición a las inversiones planificadas al entender que implicarán un aumento del tráfico y más visitantes. La votación de la citada proposición "no prefigura la aprobación final por parte de las Cortes", según reconoció Aena hoy en un comunicado remitido a la CNMV, pero el solo movimiento del Gobierno ha puesto en alerta a la cotizada en la medida que el texto en cuestión "contiene previsiones claramente incompatibles con el marco legal vigente", dado que "la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general", según ha insistido Aena. El Estado controla el 51% de Aena; el 49% restante está en manos de inversores privados, entre los que figura TCI, que, en varias cartas, ha advertido al consejo de su responsabilidad de defenderse con todas las herramientas a su alcance en el caso de verse atacada. "Como reiteradamente se ha manifestado, la sociedad adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la sociedad y todos sus accionistas (públicos y privados)", afirmó el grupo presidido por Maurici Lucena, uno de los pocos ejecutivos de empresas controladas por el Gobierno que se mantiene desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, en 2018. Aena había admitido comités aeroportuarios autonómicos (Cataluña y País Vasco) en la medida en que las regiones pueden ejercer sus competencias sobre planeamiento urbanístico, gestión medioambiental y ordenación del transporte terrestre, entre otras materias. La cotizada ha defendido siempre que las competencias sobre normativa, supervisión y regulación corresponden "únicamente al Estado". Es ahí donde sitúa la línea roja, para lo que se ampara en el artículo 38 de la Constitución y la ley 18/2014 que regula su funcionamiento. Además, Aena ve "incompatible" comités como el propuesto por Baleares con su modelo de gestión en red. La polémica sobre Baleares llega a pocos días de que el Consejo de Ministros apruebe, antes de que termine septiembre, las inversiones reguladas y las tasas aeroportuarias para el periodo del Dora III, entre 2027 y 2031, donde Aena y las aerolíneas defienden intereses muy diferentes y en los que el Gobierno deberá tomar partido.