España bate récord con cien directivas europeas incumplidas y multas millonarias

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea impuso en 2024 dos multas de 15 y 8 millones al Ministerio de Interior ; en 2025 el de Trabajo pagó 7 millones por no transponer la directiva de condiciones laborales y 6,8 millones ... más por llegar tarde con la de conciliación. Y la no adaptación de la directiva de administradores de crédito supuso una sanción de 15 millones. Son sólo algunos ejemplos de los castigos a los que han hecho frente los españoles por la inacción del Ejecutivo en la aplicación de la normativa europea. La negativa a cumplir puede, además, costarle a España fondos comunitarios.Todas estas penalizaciones derivan de que nuestro país, como Estado miembro de la Unión Europea, debe incorporar a su legislación aquellas directivas aprobadas por las instituciones comunitarias y con ello ya adquieren un rango de ley. En el caso de no hacerlo, como está ocurriendo, la Comisión puede abrir un procedimiento de infracción e instruir un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), derivando en posibles sanciones.La cascada de incumplimientos sitúa a España a la cabeza de nuestros socios. Están pendientes de adaptar a la legislación un centenar de directivas, la mayor parte de ellas ligadas al sector energético y la vivienda , materias cuyo contenido no suele casar con la ideología de algunos de los aliados del Gobierno. Esta falta de compromiso ha pasado factura a nuestro país, después de ser avisado, una y otra vez, por las instituciones de la UE, como ha ocurrido con una de las medidas claves para los autónomos, que ya han aplicado todos los países: la directiva de exención del IVA, que sigue atascada en el Congreso.Aunque el Gobierno, presionado por Junts, se comprometió a hacerlo, no termina de dar el paso. Mientras, la Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que multe a España por su negativa a asumir un IVA franquiciado para autónomos con baja facturación, que les eximiría de repercutir el impuesto a los que ingresen menos de 85.000 euros anuales.85.000 Una de las directivas que sigue atascada en el Congreso, pese al compromiso del Gobierno de sacarla adelante, es que permitiría que los autónomos con ingresos inferiores a los 85.000 euros estuvieran exentos de repercutir el IVA. España es el único país que no tiene en vigor esta norma europea.España tiene abiertos 39 procedimientos de infracción por falta de transposición o por hacerlo, pero de forma incompleta. Los procedimientos están en diversas fases: desde decisiones de la Comisión para interponer demanda, fase de dictamen motivado, fase de carta de emplazamiento o demandas ya interpuestas. Las fuentes consultadas por ABC explican que existen 103 procedimientos de infracción diversos, de los que los citados 39 son por no realizar las transposición. El 57% de los nuevos expedientes que se iniciaron en 2025 han sido por no adaptar la norma europea en plazo.Penalización automáticaEn el momento en el que la Comisión interpone la demanda a un país se devenga una multa automática de un importe mínimo de 7.943.000 euros. Y una vez que el incumplimiento está acreditado, el TJUE fija la sanción que estima oportuna. Además, desde la publicación de cualquier sentencia condenatoria de la justicia europea, se devenga una penalización diaria por cada día de no transposición, cuya cuantía varía según el procedimiento. Por ejemplo, en el caso de la no adaptación a nuestra legislación de la directiva de administradores de crédito es de 89.548,20 euros al día, en la conciliación de la vida laboral y familiar casi 20.000 y en la de aguas residuales de 17.200 euros.7.943.000 Es la multa inicial aplicada en el momento en el que la Comisión interpone la demanda; una vez acreditado el incumplimiento, la justicia europea impone la que estima oportuna. Por ejemplo, en 2025 Trabajo fue multada con 15 millones por no haber transpuesto dos normas, e Interior con 23 millones un año antes. Consecuencia de todo ello es el empeoramiento del indicador que usa la UE (la tasa de déficit de transposición) para comprobar los índices de cumplimiento de los países. Este índice se sitúa en la actualidad en el 3,9%, a la cabeza de los países (la media de la UE es del 1,7%), el más alto nunca registrado, según reflejan los datos de la Comisión Europea. En la etapa de los gobiernos del PP fue del 1,6% (en 2016), mientras que el más bajo en la etapa de Pedro Sánchez ha superado el 2% en tres años distintos y en 2025 estuvo por encima del 3%. El socio menos fiableDesde el Partido Popular se ha reclamado al Ejecutivo en varias ocasiones que cumpla con la norma. Dos han sido las proposiciones no de ley (PNL) presentadas en el Congreso por el grupo que dirige Ester Muñoz . La primera de ellas fue el pasado 31 de enero y la última, es del 13 de marzo pasado. En esta última se aseguraba que la situación generada «no es más que el resultado de la parálisis político-administrativa en la que el Gobierno Sánchez ha sumido a España, que provoca que no se incorpore normativa europea porque ni las Cortes ni el Gobierno están trabajando a pleno rendimiento«. Añadían que la situación »tiene como deriva la pérdida de credibilidad e influencia de España en Europa al convertirse en su socio menos fiable».La mayor parte las omisiones afectan al sector energético y la vivienda , cuyo contenido no suele casar con la ideología de algunos aliados de SánchezEn ambas iniciativas, el principal partido de la oposición instaba la Gobierno a tomar medidas para acelerar la tramitación de la normativa para transponer las directivas pendientes, dando prioridad a las más de 40 cuyo plazo límite venció antes de 2026 y las 21 que vencerán a los largo de este ejercicio. Todo con el objetivo de « bajarnos del primer puesto de incumplidores».Ni datos, ni pagosAntes de la primera proposición, en una respuesta parlamentaria firmada el 10 de marzo, el Ejecutivo respondía a la propuesta de información del grupo popular sobre las directivas pendientes que acudiera a la web actualizada de la Comisión Europea para comprobarlo (se incluía el enlace) y además se aseguraba también que en estos momentos «ninguna directiva está suponiendo pago de sanciones ».La portavoz del grupo popular en la Comisión Mixta de la UE, Milagros Marcos , lleva tiempo alertando al Gobierno de los problemas que puede acarrear a España los incumplimientos de la norma europea y del menoscabo del estado de Derecho, lo que puede terminar restando fondos europeos a nuestro país en el nuevo marco financiero plurianual.