El Gobierno aprobará antes de fin de año la subida de sueldo a los funcionarios del 5%

Aunque no hay fecha concreta, los sindicatos han arrancado al Gobierno el compromiso de que aprobará la subida de sueldo a los funcionarios y los empleados públicos antes de que acabe el año, para que tenga efectos desde el próximo 1 de enero. Esto comprende tanto el aumento previsto para el conjunto del próximo año, del 4,5%, como el incremento adicional a la subida de 2026, del 0,5%, en compensación por la desviación de la inflación. Este extra tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Así lo comunicaron este martes los principales sindicatos del colectivo que comprende a 3,6 millones de trabajadores entre la Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas, tras la reunión mantenida con el departamento del ministro Óscar López. La exigencia de las organizaciones era que estas subidas fueran aprobadas por real decreto ley antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y posteriormente confirmadas por la Diputación Permanente. Sin embargo, en esta toma de contacto, el Ejecutivo no ha podido garantizar una fecha concreta en la que el real decreto ley verá la luz.  "El Gobierno se ha comprometido a aprobar legalmente esa subida pero sin especificar la fecha", confirmaba CCOO al término de la reunión. Por su parte, desde CSIF mantienen la reclamación de que la medida sea tomada antes de las elecciones generales, momento en el que cambiará la composición del actual tablero político en España. "El sindicato reclama un decreto ley antes de que el Gobierno entre en funciones para evitar retrasos", señalaba la central presidida por Miguel Borra, principal sindicato del colectivo de empleados públicos.  De este modo, tras estas primeras conversaciones queda abierto el escenario en el que el Ejecutivo incluya esta medida en alguno de los denominados martes sociales que restan antes del 29 de noviembre, o que el decreto ley vea la luz ya con el Gobierno en funciones. Cabe recordar que la subida inicial de 2026, del 1,5%, fue aprobada por el Consejo de Ministros a comienzos del pasado mes de diciembre. Por lo que adelantar la actualización al periodo de campaña implicaría anticipar el calendario que manejó el Gobierno para esta cuestión en el pasado ejercicio.  Con estas subidas (el 0,5% retroactivo de 2026 y el 4,5% de 2027) quedaría, más allá, prácticamente cumplido el Acuerdo Marco en lo que a revalorización de salarios se refiere. Quedará pendiente solo la aprobación del 2% previsto para 2028. No obstante, los sindicatos esperan poder amarrar otras medidas complementarias del Acuerdo Marco más allá del plano retributivo. Los sindicatos trasladaron al Ejecutivo la necesidad de avanzar en la eliminación o modificación del actual modelo de tasa de reposición, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio, la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior y la modificación de la normativa reguladora del Observatorio del Empleo Público. En este sentido, CCOO exige la continuidad de los trabajos desarrollados en los distintos grupos de trabajo constituidos en el marco del acuerdo, "especialmente los relativos a igualdad, salud laboral, digitalización e inteligencia artificial, empleo público, clases pasivas y mutualismo administrativo, incluyendo la mejora de los haberes reguladores". Sobre estos aspectos, el departamento de Óscar López mantiene la intención de seguir trabajando y avanzando en empleo, tasa de reposición, clases pasivas y demás materias concernidas en los grupos de trabajo. También sigue pendiente el cumplimiento efectivo de compromisos fundamentales recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como la implantación de la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario -cabe recordar que antes de verano se desatascó esta modalidad de retiro que legalmente sí está disponible para el personal laboral de la Administración, que había estado bloqueada durante un año por la imposibilidad de contratar relevistas en condición de interino- y la culminación de los trabajos sobre clasificación profesional. Los sindicatos también trasladaron al Gobierno la necesidad de impulsar medidas para revertir la elevada tasa de temporalidad en el sector público, que ronda el 27% (doblando la del sector privado), lo que supone que cerca de un millón de trabajadores de este colectivo cuentan con un contrato de duración determinada. “El sindicato ha exigido que culminen de forma inmediata todos los procesos de estabilización aún pendientes, incluyendo allí donde ni siquiera se han convocado, y evitar nuevos retrasos que prolonguen situaciones de precariedad e incertidumbre para miles de empleadas y empleados públicos”, señalaban los representantes de CCOO en un comunicado puntualizando que debe establecerse con claridad “cuándo existe abuso o fraude en la contratación temporal, así como determinar las responsabilidades que correspondan y fijar de una vez por todas sanciones efectivas”.