Las inmobiliarias claman por más oferta frente a decretos intervencionistas

El sector inmobiliario se encuentra en una encrucijada ante el déficit estructural de oferta de vivienda, un factor que se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles, sobre todo de la población joven. Frente a este escenario, las diferentes fuerzas políticas plantean dos vías opuestas: una de ellas aboga por intervenir el mercado para proteger a los más vulnerables, mientras que la otra pasa por incentivar la puesta en marcha de más producto en el mercado. Las medidas contempladas en los dos reales decretos planteados por el Gobierno incluían, entre otras, extender la vigencia del escudo social hasta 2030 y ampliar los mecanismos de protección, elevar el gravamen a las Socimis residenciales; prohibir hasta 2028 la compra de pisos a empresas por debajo del 70% de su tasación y prorrogar los alquileres hasta dos años. Frente a la propuesta del PSOE y de su socio de Gobierno, Sumar, la alternativa que defiende el PP pasa por simplificar los trámites, acortar los tiempos de edificación y dar facilidades a los promotores para que se puedan levantar en España un millón de viviendas públicas y privadas en la próxima legislatura. La vía aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, y que el Congreso tumbó apenas tres días después, ha levantado encendidas críticas en el sector inmobiliario. Promotoras, fondos, agencias y consultoras advierten de que la propuesta ahuyenta al inversor y dinamita la oferta. A esto se suma ahora el malestar con la fórmula escogida por el Gobierno para intentar sacar las normas propuestas en materia de vivienda que tantas ampollas han levantado en el sector. Tras la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, el Ejecutivo tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros los dos decretos. Su convalidación, por tanto, pasará a depender de la Diputación Permanente, que es el órgano que actúa cuando las Cortes están disueltas. Desde Asprima (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) tildan de fórmula "a la desesperada" el intento de convalidar estos dos reales decretos mediante la Diputación Permanente tras la convocatoria de comicios y después de que las medidas no prosperaran en el Congreso. "Aprobar los decretos bajo esta fórmula me parece que es un auténtico fraude de ley", advierte a EXPANSIÓN Carolina Roca, presidenta de Asprima. Roca recuerda que, durante 40 años, la industria promotora y constructora fue capaz de poner 250.000 viviendas anuales en el mercado -75.000 de ellas de protección oficial-, mientras que en los últimos 15 años ni siquiera se llega a las 100.000. Este desplome impacta sobre todo en la vivienda protegida, donde apenas se alcanzan las 10.000 unidades al año. "Para poner nueva oferta sobre la mesa es necesario proteger la confianza del inversor y dar certidumbre legal, ya que la industria promotora por sí sola no puede asumir todo el desarrollo necesario y requiere capital privado e internacional para financiar la vivienda asequible", añade. Por ello, pide a las fuerzas políticas "responsabilidad y sentido común" para legislar mediante una estrategia estructural bien planificada, rechazando las medidas "improvisadas o legisladas en caliente por presiones coyunturales". Por su parte, desde ACI (asociación que integra a las principales consultoras en España) muestran su preocupación por el hecho de que una intervención sobre el mercado del alquiler, junto con el "efecto acumulativo de medidas que alteran las condiciones económicas y contractuales, puedan incrementar la incertidumbre regulatoria, reducir el atractivo y dificultar la movilización del capital necesario para aumentar la oferta de vivienda, produciendo un efecto contrario al que se pretende alcanzar sobre la oferta disponible". La asociación que agrupa a BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills y Colliers, exigen "un diálogo profundo, una reflexión reposada y una visión de largo plazo" que permitan abordar el problema de la vivienda y construir soluciones capaces de mantenerse en el tiempo. "Cualquier nueva medida debería partir de ese enfoque y responder a un objetivo prioritario: incrementar la oferta allí donde existe una mayor presión de la demanda", indican. Para ello los expertos consideran que es fundamental "preservar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria", al tiempo que se favorecen aquellas medidas que permitan movilizar inversión y generar nueva vivienda, reforzando también la colaboración entre el sector público y el privado. Para Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), que agrupa a los grandes caseros, empresas, fondos invertidos en residencial en renta y particulares, las medidas propuestas por el Gobierno "rompen con los principios constitucionales" y van a "destruir la oferta, dejar fuera del mercado del alquiler a quienes pretenden proteger y asfixiar al ahorrador particular". En este sentido, desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), alertan de que, la incertidumbre generada por la normativa ha provocado que el 80% de las agencias inmobiliarias están registrando ya aplazamientos de nuevos contratos, desistimientos de alquileres y una huida hacia la venta de sus inmuebles por parte de pequeños propietarios.