El Gobierno no cierra medidas con patronal y sindicatos pero descarta una bajada inminente del IVA de los alimentos, bonificar el carburante o topar alquileres

El Gobierno se ha reunido esta mañana con la patronal y los sindicatos para abordar las posibles medidas que se pueden aplicar para mitigar el impacto en la economía de la guerra de Irán, pero la cita ha concluido sin que se hayan tomado decisiones y con la petición sindical de que el Ejecutivo controle las "subidas abusivas" de precios que se están produciendo ya en el combustible y de que se aprueben ayudas para sectores concretos que están en dificultades, como el campo o el transporte. El Ministerio de Economía no ha detallado qué medidas se van a tomar próximamente, pero sí ha descartado aplicar algunas de forma inminente como una bajada del IVA de los alimentos, una bonificación de los carburantes o un tope a la revalorización de los alquileres, ya que la situación actual está "muy alejada" que la que se vivió en 2022, tras la guerra de Ucrania. La reunión se ha celebrado en el Ministerio de Economía y ha sido liderada por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, pero en ella ha participado la plana mayor del Ejecutivo, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la de Seguridad Social, Elma Saiz, el de Economía, Carlos Cuerpo, la de Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. "Estamos en una situación muy lejana a la que vivimos en 2022 tras la guerra en Ucrania. Ahora mismo lo prioritario es trabajar para cerrar un texto con la mayor celeridad, en los próximos días, para que responda con rigor a los efectos que ya están notando las empresas y las familias, que recoja las aportaciones de los sectores y los grupos parlamentario para que cuente con el mayor apoyo posible", ha señalado el ministro de Economía en rueda de prensa. No ha querido precisar qué medidas se van a aplicar pero sí ha dicho cuáles están sobre la mesa. Entre ellas ha mencionado medidas estructurales que avancen en la apuesta por las energías renovables y la electrificación de la economía; medidas fiscales relacionadas con la minimización del coste en la energía (aunque no contemplan repetir la subvención a los carburantes que se aprobó tras la guerra en Ucrania porque fue muy criticada por poco eficaz); medidas para los sectores más afectados, como el campo y el transporte por carretera, acompañadas de una "vigilancia" de la evolución de los precios; y un escudo social, con medidas como los ERTE si hay afectación sectorial o de protección para los más vulnerables, como "la prohibición del corte de suministros". El Gobierno no contempla aprobar de forma inminente, por tanto, medidas como la bajada del IVA de los alimentos, la bonificación del combustible o los topes a la revalorización de los alquileres. "No estamos observando todavía este canal de transmisión a todos los precios, tenemos que tener una propuesta perimetrada y muy proporcional", ha explicado Cuerpo. El ministro ha señalado que en el diseño de las medidas influye su coste fiscal ya que, a diferencia de lo que sucedió en 2022 con la guerra en Ucrania, la Comisión Europea en esta ocasión no ha desactivado las reglas fiscales porque no se dan las condiciones de recesión económica para hacerlo, de ahí que el aumento del gasto público o la reducción de los ingresos ha de hacerse de forma más prudente. En España, en particular, ha admitido que el empleo en marzo se está comportando bien, con unos registros de afiliación diaria en línea con lo previsto. Las medidas se irán tomando de forma escalada en función de cuánto dura el conflicto y cómo va impactando en la economía. Lo que más les preocupa, de momento, es la subida generalizada de los precios, aunque a largo plazo también monitorizarán las decisiones del Banco Central Europeo en relación a los tipos de interés, el impacto en la actividad y el empleo. Peticiones de los sindicatos "No tenemos en este momento una batería de medidas concretas. Le hemos dicho al Gobierno que queremos participar en la negociación", ha señalado Unai Sordo, secretario general de CCOO, al término del encuentro. Su sindicato ha denunciado que algunos precios están subiendo de forma "injustificada", por ejemplo los de la gasolina y el gasoil, "cuando están comprados y almacenados hace tres meses" a unos precios muy inferiores. Esto se explica, en su opinión, por una incremento de los márgenes empresariales sin que se haya producido aún una inflación de costes. "Por ello, hemos puesto encima de la mesa la necesidad de hacer un seguimiento permanente de la evolución de los precios para evitar un comportamiento abusivo de las gasolineras y las empresas de refino". CCOO se opone a una bajada generalizada de impuestos en el país y considera que las medidas fiscales que se pusieron en marcha tras la guerra en Ucrania -como la bajada del IVA de los alimentos- no fueron efectivas porque no se tradujeron en una disminución de precios, sino que se usaron para mantener intactos los beneficios de las empresas. Por ello, creen que cualquier bajada de impuestos debe ser "parcial, quirúrgica y muy concentrada, y con un control taxativo de los precios", y se muestran partidarios más de medidas que fomenten el uso del transporte público. "El tema de la fiscalidad no ha estado presente", ha admitido, por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha pedido que se apliquen ya medidas concretas para los sectores más afectados, como el campo o el transporte. "Es importante atender las necesidades más inminentes. El sector agrario ha tenido un incremento de los precios del gásoleo altísimo, de cerca del 40%, y el incremento del precio del gas también incide en el coste de la producción, hay que intervenir en origen y frenar los precios desde el lugar en el que se fijan", ha señalado. "El transporte está sufriendo de forma importante ya también", ha agregado. Ambos han coincido en que si el encarecimiento de la energía acaba propagándose al resto de precios, algo que no ha sucedido todavía, sí que habrá que activar medidas adicionales de protección para las familias, especialmente para las de renta baja. Además, han pedido que cualquier medida aprobada vaya acompañada de una memoria con el coste fiscal que supone para el país. En relación al empleo, han recordado que las medidas de protección que se aprobaron tras la pandemia siguen vigentes, pero reconocen que, por ahora, dado que no se ha generado una inflación en el conjunto de la economía, "estamos lejos" de necesitar activar el Mecanismo RED para algún sector en particular. Tampoco se ha comentado en la reunión la posibilidad de prohibir los despidos por causas energéticas, una opción a la que sí se ha referido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha señalado que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros la semana que viene. En la mesa de negociación han abordado también posibles medidas vinculadas a la vivienda, ya que han sido planteadas por los sindictos. Estos argumentan que, si se acelera la inflación, es previsible que el BCE eleve los tipos de interés y eso tendría impacto en todas las personas que tienen que pagar una hipoteca. "En ese caso habrá que tomar medidas en materia hipotecaria y tendría más justificación que nunca una congelación de los precios del alquiler para quienes tengan que renovarlo en 2026", ha reivindicado Sordo. El ministro ha señalado que la vivienda es una de las "principales preocupaciones y ocupaciones del Gobierno: seguir avanzando en conseguir acceso a la vivienda en condiciones asequibles", pero ha señalado que ahora la respuesta "está acotada al impacto observado", aunque queda "abierta" y es "flexible" por si la situación se deteriora.