El juez Peinado abre una línea de investigación contra Begoña Gómez por dos delitos vinculados a los fondos europeos

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Begoña Gómez contra el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea ante la sospecha de irregularidades en ... un contrato de Red.es sufragado con fondos comunitarios a una de sus empresas.En una providencia, el magistrado acuerda la creación de una pieza separada para investigar estos hechos, de los que fue alertado por la Fiscalía Europea el pasado 8 de junio, así como por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez Peinado pide a la Fiscalía, a su vez, que emita un informe para que se pronuncie sobre la tipicidad de los hechos. En un primer momento, la resolución por la que abría esa línea de investigación incluía también a Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Sin embargo, el instructor ha emitido otra resolución en la que ha aclarado que esta pieza separada se abre, exclusivamente, para investigar a Barrabés, «sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias que puedan acordarse».Noticia relacionada general No No Las acusaciones piden al juez que retire el pasaporte a Begoña Gómez y que comparezca en el juzgado cada 15 días Juanma Poderoso DíazEl Instituto Armado alertó sobre un expediente de Red.es «relativo al servicio de oficina Acelera PymeServicio de apoyo y asesoramiento, que no era objeto de investigación en el presente procedimiento». En este expediente aparecería como UTE adjudicataria Innova Next SL, empresa que perteneció a Barrabés, y KPMG y el presupuesto base de licitación era de 4.053.500 euros. «La financiación correría cargo de fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), siendo su tramitación paralela a los dos expedientes investigados en el presente procedimiento», recoge la Fiscalía Europea en un informe. Del informe policial, en concreto, «se desprende que en la adjudicación se habría obviado para valorar al que iba a ser el licitador adjudicatario de la inexistencia de un libro blanco que se exigía en los pliegos como requisito necesario a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria».La UCO alertó de una ocultación deliberada en los informes de valoración para que no fuese detectado por otros licitadoresLa EPPO (las siglas en inglés para la Fiscalía Europea) indica que se habrían «incluido comentarios sobre los que se habría construido las valoraciones finales aludiendo en uno de ellos al hecho de que la UTE no habría incluido el libro blanco, hecho que habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores». El informe de la Guardia Civil, según la Fiscalía, «reveló esta circunstancia al analizar el contenido de los correos relativos a los procedimientos investigados por la Fiscalía Europea ya que el firmante de los informes de valoración en los tres procedimientos fue el mismo investigado Luis Prieto».Uso indebido de fondos públicosLa Fiscalía Europea argumenta que «la adjudicación de esta manera podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión, sin perjuicio de los delitos resultantes de las diligencias que iba a acordar» el Ministerio Público «determinantes para acreditar la indebida utilización de fondos públicos».La decisión del magistrado de abrir una nueva línea de investigación llega unos días después de que el propio juez celebrase la vista preliminar al juicio con jurado popular. Fue el lunes cuando el instructor citó a Gómez, Barrabés y Álvarez para que sus defensas alegaran lo que consideraran oportuno. Las tres se opusieron a la vista oral, mientras que las acusaciones, en una vistilla posterior, solicitaron como medidas cautelares la retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado para la esposa de Sánchez.Para Gómez también se pidió que no pudiera no hacer uso de las marcas que dispone y que no pueda utilizar el dominio web asociado a la Complutense. Respecto de Barrabés no se solicitaron medidas, mientras que para Álvarez se pidió la retirada de pasaporte y que tenga que acudir a los juzgados cada dos semanas. Hasta el momento, sin embargo, el magistrado no ha dictado ninguna resolución. El juez Peinado tiene que decidir si les envía a juicio por jurado popular y, además, si accede a la imposición de medidas cautelares.