El Congreso convalida el decreto de medidas frente a la guerra gracias a la abstención del PP

El Parlamento bendijo este jueves el plan de respuesta del Gobierno ante los efectos de la guerra en Irán, basado fundamentalmente en rebajas fiscales sobre luz, gas y carburantes junto con ayudas específicas para los sectores productivos más afectados por el conflicto abierto en Oriente Próximo. El Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley impulsado el pasado viernes por el Consejo de Ministros con 175 votos a favor de los partidos del Gobierno y sus principales socios y Junts, 33 votos en contra de Vox y 141 abstenciones, las de PP y Unidas Podemos. El texto será tramitado como proyecto de ley y admitirá cambios. El decreto fue defendido por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que destacó su doble objetivo de desplegar "un escudo social para proteger y acompañar a los afectados", y de "preparar" la economía española para defenderse de nuevas crisis energéticas. El PP, que se ofreció a apoyar el decreto si el Gobierno se abría a deflactar el IRPF, acabó propiciando su validación al abstenerse, alegando que es insuficiente y tardío pero "copia" las rebajas fiscales que Génova venía proponiendo. El plan de respuesta del Gobierno a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo está compuesto de 80 medidas, en vigor desde el pasado domingo, que movilizan 5.046 millones de euros, fundamentalmente destinados a paliar el encarecimiento de la factura energética. El paquete, que busca aliviar la situación a los 20 millones de hogares del país y a 3 millones de empresas, conlleva rebajas fiscales por 2.500 millones, 800 millones para dar apoyo a la agricultura, 700 más para la industria y el turismo, 500 para el transporte y otros 500 dirigidos a reforzar la transición ecológica. Cuerpo recordó que el objetivo era paliar los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que circulan el 20% del crudo y el gas mundial, lo que hasta la entrada en vigor del decreto había disparado el barril de Brent por encima de los 100 dólares, provocado subidas de precio en los surtidores de 32 céntimos por litro de gasolina y de 51 céntimos por litro en el gasoil, así como un fuerte repunte del precio de los fertilizantes. Cuerpo, que venía enviando mensajes de tranquilidad, alertó este jueves de que si la crisis se alarga podría darse "el mayor shock de suministro energético de la historia moderna". El decreto implica una rebaja del 60% sobre los impuestos de la electricidad, comenzando por reducir el IVA de la luz del 21% al 10%; la bajada del 5,11% al 0,5% el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE) del 7%. Del mismo modo, el paquete rebaja del 21% al 10% el IVA del gas natural, los pellets y leña, congelando del precio máximo de venta del butano y propano. A su vez, la industria electrointensiva obtendrá un ahorro de unos 200 millones por la bonificación del 80% en los peajes eléctricos. Cuerpo ilustró que para una empresa industrial media del País Vasco, la rebaja de peajes puede rondar los 400.000 a 480.000 euros, mientras la reducción de la factura eléctrica le ahorraría otros 50.000 euros. Del lado de los carburantes, el Gobierno ha rebajado del 21% al 10% en el IVA del gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos que además grava una base menor ya que se ha reducido el Impuesto de Hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la UE (4,9 céntimos menos por litro de gasoil y 14,5 menos en gasolina). El objetivo es rebajar costes hasta en 30 céntimos por litro en función del carburante. Para vigilar que la medida se traslade a precios finales, Economía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) monitorizan en tiempo real, con ayuda de Inteligencia Artificial, los cobros de las 12.600 estaciones de servicio del país, a fin de evitar que la ayuda acabe engrosando sus márgenes. A día de este jueves, aseguró Cuerpo, el 90% de la rebaja se había trasladado a precios. En paralelo, el plan incluye una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible profesional para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, y una bonificación similar para la compra de fertilizantes. Para una explotación agraria de 20 hectáreas se trata de un ahorro mensual de 200 euros en gasóleo, 1.100 en fertilizante y 50 euros luz; mientras que un pesquero podrá ahorrarse un 20% de su factura en combustible, llegando a 137.000 euros en función del caladero. Para el transporte la rebaja del gasóleo profesional asciende a 400 millones, lo que equivale a 700 euros de ahorro mensual para un camión de 40 toneladas que recorra 120.000 km anuales; una rebaja de 375 euros al mes para un autocar de más de 55 plazas que recorra 75.000 km, y de 70 euros al mes para un taxi, que hace 60.000 km al año. Además, el Instituto de Crédito Oficial ofrecerá avales a autónomos y pymes del sector de transporte para cobertura de tarjetas de crédito para combustible por 2.000 millones y ayudas por 30 millones para transporte marítimo y otros 25 para armadores. Las rebajas fiscales desplegadas el pasado domingo, y ratificadas este jueves, estarán en vigor a priori hasta el próximo 1 de julio, cuando expirarán automáticamente. El plan, sin embargo, incluye una cláusula de desactivación que neutralizará las reducciones impositivas el 1 de junio si el IPC de luz, gas o carburante deja de crecer por encima del 15% interanual en el mes de abril (el dato se conocerá en mayo). En cualquiera de los casos, el paquete extiende para todo el año el bono social eléctrico, que rebaja un 42,5% la factura para hogares vulnerables y un 57,5% para casos severos; el aumento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros o la prohibición del corte de suministros básicos de agua y energía a vulnerables. En segundo término, el paquete incluye una suerte de reforma general del sistema eléctrico, así como un "un paquete masivo de deducciones en el IRPF" para la instalación de placas solares, coches eléctricos, puntos de recarga o sustitución de calderas por bombas de calor, y nuevas ayudas para climatización de edificios y energías verdes. Junts advierte que "nunca" avalará el decreto de viviendaEl plante al Consejo de Ministros con el que Sumar forzó el pasado viernes la adopción de un Real Decreto-ley de medidas de vivienda en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Próximo lleva camino de convertirse en un mero brindis al sol. Aunque el Gobierno acabó impulsando un texto dirigido a prorrogar los contratos de alquiler y poner topes a su revalorización, el propio presidente, Pedro Sánchez, admitió que la iniciativa nacía sin el respaldo parlamentario necesario para prosperar, escenario que se constató este jueves en el Congreso."Nunca en la vida lo vamos a apoyar", zanjó este jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que acusó al Gobierno de haberse "cargado" el mercado del alquiler en los últimos años con unas políticas de vivienda que, dijo, no funcionan y que su formación no van a contribuir a que se persista en el error.El decreto promovido por los ministros de Sumar implica la prórroga automática por dos ejercicios del millón de alquileres que vencen entre 2026 y 2027, así como un tope del 2% en la subida interanual del precio de los arrendamientos.Aunque sus efectos están plenamente en vigor desde el pasado domingo, el Real Decreto-ley debe ser convalidado por el Parlamento en el plazo de un mes, momento en el que previsiblemente sea tumbado -a tenor del rechazo frontal de Junts, PP y Vox- quedando sin efecto. Las medidas, por tanto, solo surtirían efecto sobre los contratos que venzan en estas semanas."No puede ser que se criminalice a los propietarios. Es una vergüenza que se tiene que parar", aseveró Nogueras, alegando que el decreto supone un ataque contra los pequeños propietarios. La portavoz de Junts alegó en TVE que, en lugar de este tipo de medidas proteccionistas, el Estado debería bajar los impuestos de la vivienda, comenzando por el IVA, para que los jóvenes puedan acceder a una casa. "Si el Gobierno quiere cambiar y sumarse a esta alternativa y dar esperanzas a la gente y no destrozar el mercado de vivienda podríamos hablar", aseveró Nogueras, que hizo referencias a medidas que están desplegando países como Canadá, donde se ha conseguido rebajar los precios un 21 % y crear más de un millón de viviendas nuevas.La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pidió este jueves a Junts que "sea sensible a una situación excepcional" y apoye el decreto de la vivienda "por los catalanes y catalanas". "No entendería, ni yo ni ningún español, que no saliera adelante un decreto que viene a la respuesta de las consecuencias económicas de esta guerra", declaró a los medios."Tenemos 20 días para, entre todos, presionar a Junts, que es el único lenguaje que entiende, porque lo que van a hacer es una salvajada, y lo van a hacer simplemente por intereses que nadie entiende... O sí", manifestó, por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, que llamó a la movilización tanto en la calle como en las redes sociales, para que la formación de Carles Puigdemont respalde el decreto de vivienda cuando aterrice en la Cámara Baja para su convalidación dentro de unas tres semanas.