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La UCO confirma que Salazar fue colocado a dedo por el padrino político del presidente

Resumen

El exalcalde de Dos Hermanas Francisco Toscano, padrino político de Pedro Sánchez, contrató a dedo a Francisco Salazar -hasta hace menos de un año asesor del presidente del Gobierno- en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en julio de 2012. que llegan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras analizar la documentación aportada por el propio Consistorio y por el Servicio Andaluz de Empleo a la causa instruye la juez de la plaza número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas a raíz de la querella interpuesta por Vox, a través de su letrado Fernando Rodríguez Galisteo, en la que acusaba de malversación, tráfico de influencias y prevaricación a Salazar y al que era su amigo y alcalde, por la colocación. Según Vox, Salazar cobraba del Ayuntamiento mientras trabajaba en Madrid para Pedro Sánchez, primero en las primarias de 2017, y después en la Moncloa. Según señala la UCO, el 'fichaje' de Salazar en Dos Hermanas se llevó a cabo «sin la convocatoria y posterior celebración de un proceso ajustado a la normativa vigente que regulaba el acceso a la administración pública, pudiéndose haber llevado a cabo de manera discrecional, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad».

El exalcalde de Dos Hermanas Francisco Toscano, padrino político de Pedro Sánchez, contrató a dedo a Francisco Salazar -hasta hace menos de un año asesor del presidente del Gobierno- en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en julio de 2012. Esta es la conclusión a la ... que llegan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras analizar la documentación aportada por el propio Consistorio y por el Servicio Andaluz de Empleo a la causa instruye la juez de la plaza número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas a raíz de la querella interpuesta por Vox, a través de su letrado Fernando Rodríguez Galisteo, en la que acusaba de malversación, tráfico de influencias y prevaricación a Salazar y al que era su amigo y alcalde, por la colocación. Según Vox, Salazar cobraba del Ayuntamiento mientras trabajaba en Madrid para Pedro Sánchez, primero en las primarias de 2017, y después en la Moncloa. Según señala la UCO, el 'fichaje' de Salazar en Dos Hermanas se llevó a cabo «sin la convocatoria y posterior celebración de un proceso ajustado a la normativa vigente que regulaba el acceso a la administración pública, pudiéndose haber llevado a cabo de manera discrecional, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad». El atestado de la UCO, de 60 folios y al que ha tenido acceso ABC, viene a confirmar que ni hubo oferta pública, ni proceso de selección de candidatos, ni Salazar tenía funciones definidas en el cargo ni fue sustituido cuando se fue a ayudar al líder socialista. Según dicha denuncia, el Ayuntamiento, siendo alcalde el histórico socialista Francisco Toscano, en julio de 2012 habría contratado a Salazar, exalcalde de Montellano, como técnico municipal, si bien no habría asistido a su puesto de trabajo por cobraba por unos servicios que no prestaba. Estos hechos, según la querella de Vox, era «conocido y consentido» por el propio Toscano, el primer padrino político de Pedro Sánchez y conocido por su enemistad dentro del partido con Susana Díaz. De hecho, Dos Hermanas, fue el kilómetro cero cuando Sánchez se aventuró a volver a tomar las riendas del partido en 2017, derrotando al socialismo tradicional, que tenía puestas sus esperanzas en Susana Díaz. Del municipio sevillano partió el Peugeot que recorrió toda España buscando apoyos.La UCO solicitó, a través de los requerimientos judiciales, documentación al Ayuntamiento y al Servicio Andaluz de Empleo sobre la colocación de Salazar de forma indefinida con un contrato de relevo por jubilación parcial de un empleado, aunque en su atestado, al que ha tenido acceso ABC, los agentes dejan en evidencia de forma reiterada la falta de papeles sobre dicho expediente, como por ejemplo la copia del contrato o información sobre los presuntos candidatos a ese puesto de trabajo. Según un técnico de Recursos Humanos ya había pasado el plazo legal para su conservación. El responsable de Recursos Humanos que llevó la tramitación de la contratación de Salazar falleció en 2015, por lo que ahí los agentes han encontrado un obstáculo en la investigación. El Ayuntamiento, incluido el propio Toscano, defiende que Salazar accedió a la nómina de trabajadores a través de una oferta de empleo pública gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo, pero no hay prueba documental en el Consistorio que lo pruebe y la Administración autonómica no tiene constancia de ello. En base a la legislación laboral que debió regir dicha contratación, la UCO señala que la de Salazar, como todas, «tendrían que haberse realizado tras la convocatoria de una oferta de empleo público para la concurrencia a un concurso, oposición o concurso-oposición libre» y mediante la convocatoria de un proceso de selección, en el que se hubiesen tenido en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Según la Guardia Civil, Toscano comenzó su vinculación con el Ayuntamiento el 7 de julio de 2012 por la jubilación de un empleado municipal, que desarrollaba su labor en el Gran Hipódromo de Andalucía , en Dos Hermanas. Cinco año después solicitó excedencia forzosa tras ser elegido cargo público en la Comisión Ejecutiva Federal del partido. El 1 de diciembre de 2022 el Ayuntamiento convocó un concurso de mérito para diez plazas como técnico. Salazar se presentó y quedó entre los diez primeros. Pero tras firmar el contrato en agosto de 2023 pidió de nuevo excedencia forzosa por incompatibilidad con cargo público: era diputado por Sevilla en el Congreso. «El más idóneo»En julio del año pasado, en mitad de las acusaciones de presuntos comportamientos machistas con compañeras, dejó el cargo de secretario de coordinación institucional del Gobierno y sus responsabilidades políticas en le partido. Entonces solicitó excedencia voluntaria por interés particular. Es decir, sigue sin ocupar su plaza en el Ayuntamiento. Según la escasa documentación del Ayuntamiento sobre la contratación de Salazar, se efectuó «previa oferta de empleo» por el Servicio Andaluz de Empleo, que concluyó con tres candidatos, determinándose que Salazar era el candidato «idóneo» porque era ingeniero técnico agrícola , «una cualificación sobra para realizar labores de planificación y mantenimiento» en el Gran Hipódromo de Andalucía. Su contratación pasó por junta de gobierno local, que la aprobó «por unanimidad» y en la que participó Toscano. El alcalde tenía delegadas las competencias de contratación en dicho órgano. Esta contratación al margen del procedimiento normativo permitió a Salazar, años más tarde, acceder a un proceso de estabilización de empleo temporal Ante «la inexistencia de documentos que respaldasen y justificasen la celebración de un proceso de contratación público» para contratar a Salazar, la Guardia Civil acudió al Servicio Andaluz de Empleo, que no halló ninguna oferta relacionada con el puesto de trabajo del exasesor de Pedro Sánchez en el PSOE y en el Gobierno. Los agentes de la UCO han tomado declaración como testigos a todos los miembros del gobierno de Toscano que formaban parte de la junta de gobierno local que aprobó aquella colocación, entre ellos el actual alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, actual número dos de María Jesús Montero en el partido. A los investigadores le llama la atención que dicha contratación se acordara por unanimidad «adoleciendo de numerosas deficiencias y sin haberse ajustado a la legalidad». Y pese a esto «no habría existido informe desfavorable ni reparo por parte del secretario ni de la interventora municipal». Los miembros de la junta de gobierno local «habrían sido los responsables, en última instancia, de haber acordado favorablemente la contratación» de Salazar, cuyo expediente administrativo no consta. Sin funciones clarasLa Guardia Civil, de otro lado, expone que el informe del Ayuntamiento relativo al proceso de jubilación y contratación no se ajusta a la realidad, pues aseguró que hubo oferta pública de empleo, siendo el socialista el más idóneo, y no consta dicho proceso, ni la oferta ni los otros candidatos. Esta contratación al margen del procedimiento normativo permitió a Salazar, años más tarde, acceder a un proceso de estabilización de empleo temporal y tener actualmente una plaza municipal. Una parte del atestado de la Guardia Civil está enfocado a analizar las funciones de Salazar en el Gran Hipódromo de Andalucía, el sueño de Toscano para su municipio. El puesto era de encargado . Según la documentación municipal, se describe de manera «sucinta», sus funciones a desarrollar en estas instalaciones hípicas y en dos parkings municipales. En teoría, era el encargado de garantizar su buen funcionamiento, planificando y supervisando su mantenimiento: acondicionamiento de pistas de carreras, revisión de ascensores y escaleras mecánicas, revisión de todos los servicios del hipódromo, reparación de las cuadras. Durante la temporada de carreras supervisaba y tenía disponibilidad total los fines de semana en los que había competición. Uno de los testigos, sobre las funciones de Salazar: «Coincidía con él los días de carreras, cuando acudía al hipódromo con políticos del Ayuntamiento»Eso es lo que dice el Ayuntamiento, aunque las testificales de los trabajadores del hipódromo (a través de la sociedad municipal Apuesta Mutua Andaluza) y de los socios de la empresa que después se adjudicó su gestión como fue Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, como el exfutbolista Fernando Sanz , reflejan otra realidad sobre el trabajo de Salazar. Una de estas trabajadoras, administrativa, reconoció que se comunicaba con Salazar por teléfono o correo porque sus oficinas no estaban cerca. A pesar de lo que decía el Ayuntamiento, esta empleada era la encargada de recepcionar a los caballos el día de carrera. Entre sus compañeros habituales no mencionó a Salazar. La UCO concluye que su labor era la de « relaciones institucionales » en el Gran Hipódromo y de enlace entre el Ayuntamiento y la empresa que se adjudicó su gestión en 2014. Uno de estos socios aseguró que a Salazar coincidía los días de carreras, cuando acudía al hipódromo con políticos del Ayuntamiento. Para la Guardia Civil, las funciones de Salazar no estuvieron reguladas oficialmente por el Ayuntamiento, que no localiza documentación en la que se detallen específicamente sus responsabilidades. Era un enlace entre Ayuntamiento y la nueva gestora, y a pesar de que tenía encomendadas labores de mantenimiento, no las asumió. Sus labores de representación institucional «se alejarían de la gestión administrativa , fiscalización o tramitación de expedientes» que le correspondía por ser categoría técnico nivel A2. Además, cuando se fue a Madrid no se contrató a nadie en su lugar para hacer sus labores.