Una Cataluña "al límite" asume el mayor número de inmigrantes regularizados: "Son más que la población de Sabadell"

El desborde de las previsiones que el Gobierno realizó sobre el número de beneficiarios de la regularización extraordinaria de inmigrantes -se estimó que se acogerían 500.000 y han acabado siendo casi 1,2 millones- ha tenido un especial impacto en Cataluña, la autonomía en la que mayor número de irregulares han acudido al mecanismo habilitado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un total de 256.602 extranjeros afincados en esta región han reclamado su regularización, lo que supone un 22% de los que lo han hecho en el conjunto del Estado y 100.000 más de los que estimaba El Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa. El PSC ha saludado con fervor la cifra final de solicitantes. «Es una política de responsabilidad y buen Gobierno. Cataluña necesita a estas personas», manifestó el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto tras conocerse la cifra final de peticiones. Pero hasta ERC reconoció meses atrás por boca de su secretaria general, Elisenda Alamany, que, «más que a la Cataluña de los diez millones, tenemos que dar respuesta a la de los ocho». Con una población de 8,2 millones de personas, el debate sobre la sostenibilidad de los servicios se ha situado en el centro de la pugna política y también de la discusión social: las históricas protestas de los profesores contra el Govern de Illa denuncian, entre otras cuestiones, la imposibilidad de atender a la creciente «diversidad» en las aulas. La crítica es frontal desde la derecha. «Es una temeridad de consecuencias imprevisibles. No se ha elaborado un solo informe serio sobre el impacto de la regularización en la seguridad, la vivienda o unos servicios públicos, que están al límite», avisa Juan Milián, senador catalán del PP. Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, hala de «invasión» y señala que «257.000 personas es más que la población de Terrassa o Sabadell», tercera y quinta ciudad más populosas de la comunidad. El mismo diagnóstico realizan desde Aliança Catalana, una formación que, a lomos de su discurso antiinmigración, ya se sitúa como tercera fuerza en el Parlament. Su candidato a la Alcaldía de Barcelona, Jordi Aragonès, cree que se «tensionarán las estructuras básicas del país y habrá efectos perniciosos contra el catalán». Que lo marroquíes encabecen el número de solicitudes en Cataluña -con un 18% de peticiones-, al contrario de lo que ocurre en el resto de España, donde lidera la comunidad latina, alimentará el discurso islamófobo de los de Sílvia Orriols. Mientras, Junts ha denunciado a la Comisión Europea la regularización por considerar que choca contra la nueva normativa comunitaria de inmigración, como también cree el Tribunal Supremo, que valora elevar la cuestión al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y paralizar el proceso. País Vasco El Gobierno vasco estudia y, de momento, guardia silencio ante la petición de regularización de 49.451 extranjeros en Euskadi que prácticamente doblan sus propias previsiones. Inmerso en el esprint final de la negociación con Pedro Sánchez de nuevas transferencias, el lehendakari Imanol Pradales exigió ayer «nuevos instrumentos y capacidades políticas» para gestionar la integración de esta oleada de regularizados. El Servicio Vasco de Empleo cuantificó el pasado 1 de abril de 2026 a 25.800 aspirantes a regularizarse. De hecho, durante el año pasado formó a 6.000 irregulares que no tenían posibilidad de acceder a contratos legales por falta de papeles. Además, Euskadi facilita a casi 4.000 inmigrantes no regularizados ayudas económicas mensuales a través de la Renta de Garantía de Ingresos. Pese a esta política de puertas abiertas y al control sobre los extranjeros que ejercen las instituciones vascas, ningún responsable político aclara por qué han formalizado sus trámites de regularización 23.651 personas más de las estimadas hace tres meses. «Euskadi es un país de acogida», señaló ayer Pradales. El lehendakari reconoció su disposición «favorable» al proceso activado por el Gobierno central y reconoció que en los últimos 25 años se ha pasado de 30.000 ciudadanos de origen extranjero a 330.000 manteniéndose en 2,2 millones la población total de Euskadi. Comunidad de Madrid Madrid es la segunda región con mayor número de solicitudes, 202.424, y encabeza las críticas de las regiones del Partido Popular al proceso de regularización. Isabel Díaz Ayuso cree que las «prisas» y la opacidad del Gobierno esconden «ingeniería» política con la inmigración: primero, la regularización busca el «colapso» de los servicios públicos y, posteriormente, la ley de nietos puede alterar los censos electorales de cara a las próximas elecciones. Una de las primeras medidas adoptadas por Ayuso al detectar ya señales de congestión administrativa ha sido restringir el abono transporte personal, que incluye subvenciones- exclusivamente a empadronados en Madrid. En abril, el Consorcio Regional de Transportes se vio colapsado al recibir un importante aumento de solicitudes del certificado de tramitación de este abono, por ser uno de los documentos válidos con los que se permite justificar la estancia de cinco meses en España requerida para acceder a la regularización. En Sol no descartan más decisiones de este tipo en el corto plazo, al mismo tiempo que esperan que el Tribunal Supremo termine paralizando este proceso «caótico». Comunidad Valenciana En la Comunidad Valenciana preocupa, y mucho, el proceso de regularización masiva que la ha confirmado como la tercera región con mayor volumen de solicitudes. En total, 167.286 presentadas. Esto supone que, de las cinco provincias de toda España con mayor número de solicitudes, dos son valencianas: Valencia, con el 6,38%, y Alicante, con el 6,23%. Según fuentes de la Generalitat Valenciana, «se va a poner en riesgo el sistema sanitario y de políticas sociales». De hecho, este es el principal argumento que justificó el recurso de la Abogacía de la Generalitat ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno, en la medida en que «afecta de forma directa a la organización, la financiación y la prestación de los servicios públicos de la Comunidad Valenciana». Y más en una comunidad infrafinanciada por el Gobierno, insisten desde el Ejecutivo autonómico, cuya deuda supondrá este año una losa de 7.216 millones en vencimientos e intereses. Un coste solo superado por el dinero que manejará la Consejería de Sanidad, que ya se come el 36% de un presupuesto que se teme que vaya a estar sometido a una tensión mayor. ANDALUCÍA Un total de 161.557 han tramitado su solicitud de regularizacón en Andalucía. Las cifras han superado con creces las expectativas, y provincias como Málaga y Sevilla se encuentran entre los enclaves españoles, junto a Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, donde más peticiones se han registrado. La cara B de esta regularización masiva la han sufrido en primera persona los funcionarios que se han encargado de realizar este trámite en las comisarias y que se han visto superados por «la avalancha». Un artículo de V. Mondelo / J. Izarra / V. Coll / N. de la Torre y E. Gómez